El Estado irlandés envió, hace más de un mes, una solicitud a la Cancillería para que se pueda conocer un informe oficial sobre el caso de los supuestos terroristas abatidos en abril en Santa Cruz, debido a las dudas que tienen sobre las indagaciones realizadas por el Gobierno en lo referente a los estudios forenses y balísticos que ellos manejan sobre la muerte del irlandés Michael Martin Dwyer.
También se indicó que el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento irlandés interpondrá una demanda internacional ante la Unión Europea si las explicaciones que dé el Ejecutivo a la solicitud, hecha el 24 de octubre, no satisfacen a los familiares y a las autoridades irlandesas.
Esas son algunas de las conclusiones extraídas por los diputados opositores Pablo Banegas y Bernardo Montenegro que se encuentran en Dublín (Irlanda) para investigar los vínculos en Europa del presunto grupo terrorista desarticulado en el país.
REUNIONES
Los parlamentarios de Podemos mantuvieron ayer reuniones con representantes del Ejecutivo irlandés, así como con miembros de las comisiones Judicial, de Derechos Humanos y de Relaciones Internacionales del Parlamento nacional.
"Queremos despejar las dudas surgidas tras la publicación de los informes balísticos y forenses (del Gobierno boliviano), que no sólo se contradicen entre ellos, sino que también lo hacen con otro informe balístico y forense de la patóloga general del Estado irlandés, Marie Cassidy", dijo Montenegro.
Antes de partir hacia Hungría también se reunirán hoy con los expertos forenses del Gobierno irlandés y con la familia de Michael Martin Dwyer, muerto a tiros en el operativo policial, junto al rumano Árpád Magyarosi y Eduardo Rózsa, ex combatiente de la guerra de los Balcanes.
Irlanda, explicó Banegas, sostiene que Dwyer murió de un disparo en el corazón y no de varios disparos, tal y como indica la versión oficial del Gobierno, lo que refuerza, insistió, la hipótesis de que la muerte del irlandés fue una “ejecución”, además que dicha persona no tiene ningún antecedente penal en su país y nunca había viajado solo fuera de Irlanda.
En opinión de Montenegro, “alguien” contrató a Rózsa para "cumplir un fin, lograr un nivel de desestabilización y disturbios" en Santa Cruz, tradicionalmente opuesta a Morales, que diese al Presidente una excusa para “descabezar a las autoridades” locales.
El diputado Banegas indicó que su viaje a Hungría, donde se reunirán con gente que conocía de Rózsa, puede ayudar a descubrir quién llevó al ex- combatiente a Bolivia.
A este respecto, Montenegro señaló que los motivos de la presencia en el país de los otros hombres no está clara, sobre todo en el caso de Dwyer, que no tiene antecedentes penales y pudo ser llevado a Bolivia bajo diferentes pretextos. Otros dos miembros del grupo, Mario Tadic (boliviano de ascendencia croata) y Elöd Tóásó (húngaro), fueron detenidos y están presos en una cárcel en La Paz.
Otro de los objetivos del viaje a Europa de ambos legisladores es concretar una investigación internacional "seria y transparente" sobre el operativo policial para desarticular a la presunta banda terrorista, explicó Montenegro.
Un informe del caso aprobado por los diputados del MAS vincula al prefecto cruceño Rubén Costas, y al ex líder cívico Branko Marinkovic como "las cabezas" de un grupo formado para alentar el proceso autonómico en Santa Cruz que financiaron las actividades de los presuntos terroristas.
Buscados por la Policía
Los parlamentarios opositores miembros de la comisión que investigó el caso terrorismo, que se opusieron a la aprobación del informe y que denuncian que las acciones de la Policía en el hotel Las Américas fueron una masacre, tienen una orden de aprehensión en su contra.
Para Pablo Banegas, esa era la intención de la demanda de la dragoneante Marilyn Vargas: impedir que salgan del país para que no realicen una investigación de los hechos en Europa. “La demanda es infundada, pero que nos detengan cuando volvamos, seremos dos presos más de este Gobierno”, dijo desde Dublín.
El fiscal Prudencio Flores, del distrito de La Paz, fue el encargado de emitir el lunes la orden de aprehensión contra los diputados Pablo Banegas y Bernardo Montenegro, acusados por el delito de falsedad material y uso de instrumento falsificado, en relación con unos videos tomados en la balacera del hotel Las Américas.
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