El Gobierno asegura que se actuó de acuerdo a las leyes
Santa Cruz/El Deber
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revirtió un total de 2.914 hectáreas de las haciendas “El Encanto” y “La Encrucijada”, predios de propiedad del empresario cruceño Osvaldo Monasterio Nieme y dueño de la red de televisión privada Unitel. Las tierras afectadas están ubicadas en el municipio de Puerto Suárez.
En marzo de este año, el Gobierno inició un proceso de expropiación a la Sociedad Ganadera Ongole del grupo Monasterio y administradora del predio “El Encanto” para beneficiar al proyecto de explotación de hierro en Mutún, con 243 hectáreas. La Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) ofreció $us 120.000, pero la transacción no prosperó.
El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, indicó que en el caso de “La Encrucijada”, de 2.356 hectáreas, la reversión es total, mientras que en el caso de “El Encanto” fue parcial, de 558 hectáreas, predio que cuenta con 2.124.
REVERSIÓN PARCIAL
Rojas señaló que, revisada la documentación, se decidió realizar el proceso de reversión parcial por no cumplir la Función Económica y Social (FES) establecida en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), más aún cuando “El Encanto” fue transferida a la empresa Ongole, que también era de Monasterio.
Amadeo Amorin, director regional del INRA, dijo que el subadquiriente de “El Encanto” aceptó la reversión parcial y no impugnará la resolución ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN).
No obstante, en el caso de la subadquiriente del predio “La Encrucijada”, María del Carmen Revollo de Porfirio fue notificada mediante edicto.
Amorim también adelantó que cada dos años se procederá a verificar la FES.
MARCO LEGAL
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que la reversión fue enmarcada en la ley vigente y que fue legal.
Por su lado, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, explicó que en el país no se permitirán más fraudes y que las tierras revertidas beneficiarán a los campesinos.
En la empresa Ceibo, oficina de Oswaldo Monasterio hijo, indicaron que sólo él se referirá a la reversión, pero que se encuentra en Puerto Suárez en compañía de su asesor legal, Henry Bruckner. Se los llamó varias veces a sus teléfonos celulares, pero no contestaron.
José Eduardo Paz, representante de la Sociedad Ongole, dijo que hoy hablará del tema.
viernes, 18 de diciembre de 2009
jueves, 17 de diciembre de 2009
Caso terrorismo: El fiscal Soza confirma interés de dos países
La ONU aclaró que no investigará la muerte de los supuestos terroristas
La Paz/El Deber
El fiscal Marcelo Soza confirmó que los gobiernos de Hungría e Irlanda solicitaron “hace mucho tiempo”, informes sobre las causas de la muerte de los ciudadanos Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer, respectivamente.
“Efectivamente, esa información fue solicitada y ya se remitió hace tiempo, pero lo que nos piden son las causas de la muerte de estos señores y algunas pericias concernientes al caso; eso ya se envió, seguro ellos están analizando esta situación”, dijo la autoridad.
Según los datos de la Fiscalía, lo que se envió fue toda la documentación sobre el peritaje balístico, de los materiales explosivos encontrados en el hotel Las Américas, el stand de Cotas en la Expocruz y los informes de los médicos forenses sobre la muerte de los dos súbditos extranjeros, pero no se remitió el peritaje informático, porque no se contemplaba en las peticiones.
Los documentos fueron remitidos –no precisan la fecha– a la Cancillería y fue esta cartera de Estado la que reenvió a los gobiernos solicitantes los documentos y hasta ahora no se conoce de una petición de ampliación.
LAS PETICIONES
El 24 de octubre, Irlanda envió una solicitud formal de informe sobre el caso de la muerte de su ciudadano; mientras que Hungría realizó similar trámite el 13 de noviembre, ambos documentos, según la Cancillería, fueron remitidos a la Fiscalía General y al Ministerio de Gobierno.
El diputado Bernardo Montenegro informó que Hungría también solicitó el informe que aprobó la Cámara Baja; pero el ex presidente de la comisión que investigó los hechos, César Navarro, negó que hubiera llegado una petición y dijo que ese tipo de documentos los tiene que dar la Presidencia de la Cámara, porque es el conducto regular.
De igual modo, el fiscal desafío a los familiares o los abogados defensores de los acusados a solicitar un contraperitaje respecto de los informes.
“Si los imputados quisieran hacer valer su derecho pueden solicitar una nueva pericia sobre lo que se tiene”.
En la Cámara Baja, Navarro y el portavoz del MAS, Jorge Silva, aseguraron que la Comisión ya fue cerrada.
Navarro dijo desconocer por qué sus colegas opositores se empeñan en investigar sólo el hecho policial de la madrugada del 16 de abril y no todo el contexto.
El caso está parado
Las peticiones y los recursos que puedan plantear los abogados, los países interesados o los familiares de los muertos o detenidos, no tienen posibilidades de ser aceptados porque el caso está paralizado desde hace tres meses, dijo ayer el abogado de Mario Tadic, Gerardo Prado.
Explicó que ellos pretendían hacer representaciones sobre las pericias y la solicitud de acción de libertad, sin embargo, dijo que todos los juzgados de La Paz y parte de los juzgados de El Alto fueron recusados por el Gobierno, lo que ocasionó la paralización de la investigación.
Según Prado, tampoco se puede hacer ninguna representación ante el juez Tapia Pachi porque no se sabe si en realidad esta autoridad está facultada para conocer la causa.
Aclaración de la ONU
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) aclaró, a través de un comunicado, que no investigará ni establecerá una comisión de investigación que incluya la designación de un relator especial para el denominado caso Rósza, relacionado con un presunto caso de terrorismo.
El organismo "considera importante hacer esta aclaratoria ante las declaraciones atribuidas a los diputados Bernardo Montenegro y Pablo Banegas acerca de una supuesta investigación internacional sobre el caso", refiere la nota divulgada este miércoles.
No obstante, la Oficina confirmó que diputados Montenegro y Banegas sostuvieron una reunión el 10 de diciembre en la sede de la OACNUDH en Ginebra donde entregaron un informe "elaborado por ellos mismos".
"Se les indicó –señala el documento– que la información presentada sería remitida a los mecanismos relevantes del Consejo de Derechos Humanos, incluido el Relator Especial, de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para su consideración y análisis".
La Paz/El Deber
El fiscal Marcelo Soza confirmó que los gobiernos de Hungría e Irlanda solicitaron “hace mucho tiempo”, informes sobre las causas de la muerte de los ciudadanos Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer, respectivamente.
“Efectivamente, esa información fue solicitada y ya se remitió hace tiempo, pero lo que nos piden son las causas de la muerte de estos señores y algunas pericias concernientes al caso; eso ya se envió, seguro ellos están analizando esta situación”, dijo la autoridad.
Según los datos de la Fiscalía, lo que se envió fue toda la documentación sobre el peritaje balístico, de los materiales explosivos encontrados en el hotel Las Américas, el stand de Cotas en la Expocruz y los informes de los médicos forenses sobre la muerte de los dos súbditos extranjeros, pero no se remitió el peritaje informático, porque no se contemplaba en las peticiones.
Los documentos fueron remitidos –no precisan la fecha– a la Cancillería y fue esta cartera de Estado la que reenvió a los gobiernos solicitantes los documentos y hasta ahora no se conoce de una petición de ampliación.
LAS PETICIONES
El 24 de octubre, Irlanda envió una solicitud formal de informe sobre el caso de la muerte de su ciudadano; mientras que Hungría realizó similar trámite el 13 de noviembre, ambos documentos, según la Cancillería, fueron remitidos a la Fiscalía General y al Ministerio de Gobierno.
El diputado Bernardo Montenegro informó que Hungría también solicitó el informe que aprobó la Cámara Baja; pero el ex presidente de la comisión que investigó los hechos, César Navarro, negó que hubiera llegado una petición y dijo que ese tipo de documentos los tiene que dar la Presidencia de la Cámara, porque es el conducto regular.
De igual modo, el fiscal desafío a los familiares o los abogados defensores de los acusados a solicitar un contraperitaje respecto de los informes.
“Si los imputados quisieran hacer valer su derecho pueden solicitar una nueva pericia sobre lo que se tiene”.
En la Cámara Baja, Navarro y el portavoz del MAS, Jorge Silva, aseguraron que la Comisión ya fue cerrada.
Navarro dijo desconocer por qué sus colegas opositores se empeñan en investigar sólo el hecho policial de la madrugada del 16 de abril y no todo el contexto.
El caso está parado
Las peticiones y los recursos que puedan plantear los abogados, los países interesados o los familiares de los muertos o detenidos, no tienen posibilidades de ser aceptados porque el caso está paralizado desde hace tres meses, dijo ayer el abogado de Mario Tadic, Gerardo Prado.
Explicó que ellos pretendían hacer representaciones sobre las pericias y la solicitud de acción de libertad, sin embargo, dijo que todos los juzgados de La Paz y parte de los juzgados de El Alto fueron recusados por el Gobierno, lo que ocasionó la paralización de la investigación.
Según Prado, tampoco se puede hacer ninguna representación ante el juez Tapia Pachi porque no se sabe si en realidad esta autoridad está facultada para conocer la causa.
Aclaración de la ONU
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) aclaró, a través de un comunicado, que no investigará ni establecerá una comisión de investigación que incluya la designación de un relator especial para el denominado caso Rósza, relacionado con un presunto caso de terrorismo.
El organismo "considera importante hacer esta aclaratoria ante las declaraciones atribuidas a los diputados Bernardo Montenegro y Pablo Banegas acerca de una supuesta investigación internacional sobre el caso", refiere la nota divulgada este miércoles.
No obstante, la Oficina confirmó que diputados Montenegro y Banegas sostuvieron una reunión el 10 de diciembre en la sede de la OACNUDH en Ginebra donde entregaron un informe "elaborado por ellos mismos".
"Se les indicó –señala el documento– que la información presentada sería remitida a los mecanismos relevantes del Consejo de Derechos Humanos, incluido el Relator Especial, de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para su consideración y análisis".
Más de 20 Alcaldes de Santa Cruz se presentarán a la reelección
Santa Cruz/El Deber
De los 56 alcaldes cruceños, 23 buscarán la reelección en los comicios del 4 de abril de 2010, mientras que cinco decidieron no participar. Entre tanto, otras autoridades decidieron cambiar de frente político e intensifican las reuniones en busca de alianzas para viabilizar sus postulaciones.
Un ejemplo es el alcalde de Cabezas, Berthy Canizares, que en su primera gestión fue con el MNR, luego con Unidad Nacional (UN) y ahora buscará su tercer mandato con la agrupación Verdes, que lidera el prefecto Rubén Costas.
En una situación similar está su colega Alfonso Álvarez, autoridad edil de Gutiérrez, que dejó a los miristas y negocia con las dos capitanías de esa zona y busca respaldo de las comunidades indígenas.
El alcalde de El Puente, Ángel Copa, otro mirista, aún analiza con qué frente ir a la reelección, al igual que su par de Postrervalle, Willy Paniagua, que la próxima semana definirá su postulación.
Nils Carmona, de Warnes, aún no tiene frente político que respalde su postulación, a diferencia de Percy Fernández, alcalde capitalino, que espera que la Corte Electoral le entregue la personería jurídica del frente político que conformó, Santa Cruz para Todos.
En Cotoca Estanislao Araúz, terciará con la agrupación Tiluchi, frente que él organizó, mientras que los ejecutivos ediles de La Guardia y El Torno, Jorge Morales y Juan Montaño, respectivamente, buscarán su reelección con la agrupación ciudadana Voces.
En Guarayos, Robert Schock se alista para pugnar con la agrupación Guarayos Hoy. En San Juan, Katsumi Bani Abe postulará con la sigla Alianza Siglo XXI.
Los que no se tienen que preocupar por el respaldo político para sus postulaciones son los burgomaestre de Buenavista, Bladimir Chávez, que irá por el Movimiento Bolivariano; Serafín Espinoza, de San Carlos, que postulará por el MAS; y Germaín Caballero, de Chiquitos.
De los 56 alcaldes cruceños, 23 buscarán la reelección en los comicios del 4 de abril de 2010, mientras que cinco decidieron no participar. Entre tanto, otras autoridades decidieron cambiar de frente político e intensifican las reuniones en busca de alianzas para viabilizar sus postulaciones.
Un ejemplo es el alcalde de Cabezas, Berthy Canizares, que en su primera gestión fue con el MNR, luego con Unidad Nacional (UN) y ahora buscará su tercer mandato con la agrupación Verdes, que lidera el prefecto Rubén Costas.
En una situación similar está su colega Alfonso Álvarez, autoridad edil de Gutiérrez, que dejó a los miristas y negocia con las dos capitanías de esa zona y busca respaldo de las comunidades indígenas.
El alcalde de El Puente, Ángel Copa, otro mirista, aún analiza con qué frente ir a la reelección, al igual que su par de Postrervalle, Willy Paniagua, que la próxima semana definirá su postulación.
Nils Carmona, de Warnes, aún no tiene frente político que respalde su postulación, a diferencia de Percy Fernández, alcalde capitalino, que espera que la Corte Electoral le entregue la personería jurídica del frente político que conformó, Santa Cruz para Todos.
En Cotoca Estanislao Araúz, terciará con la agrupación Tiluchi, frente que él organizó, mientras que los ejecutivos ediles de La Guardia y El Torno, Jorge Morales y Juan Montaño, respectivamente, buscarán su reelección con la agrupación ciudadana Voces.
En Guarayos, Robert Schock se alista para pugnar con la agrupación Guarayos Hoy. En San Juan, Katsumi Bani Abe postulará con la sigla Alianza Siglo XXI.
Los que no se tienen que preocupar por el respaldo político para sus postulaciones son los burgomaestre de Buenavista, Bladimir Chávez, que irá por el Movimiento Bolivariano; Serafín Espinoza, de San Carlos, que postulará por el MAS; y Germaín Caballero, de Chiquitos.
Marinkovic no será candidato y Costas denuncia “chantajes”
Santa Cruz/El Deber
El empresario y ex presidente cívico Branko Marinkovic descartó ayer su candidatura para las elecciones prefecturales de abril y con ello puso fin a los rumores que se desataron en los últimos días en Santa Cruz. Entre tanto, el candidato de la agrupación Verdes, Rubén Costas, denunció que varios frentes políticos lo chantajean al ofrecerle apoyo a cambio de empleos en la Prefectura.
Ante la reversión de una propiedad agraria de Yasminka Marinkovic por parte del Gobierno, desde la oficina de apoyo logístico de Branko confirmaron ayer que el empresario está dedicado a tiempo completo a la defensa de su familia y que no piensa ser candidato a la Prefectura, a pesar del ofrecimiento de varios frentes políticos que no comulgan con Costas.
El Prefecto cruceño dijo ayer que le parecía bien que Branko Marinkovic presente su candidatura y sin precisar nombres denunció que varios emisarios lo abordaron para sumarse a su proyecto, pero a cambio piden espacios en el gobierno departamental.
“Uno pide varias secretarías, otro quiere ser vicegobernador y hay quienes piden el 30 por ciento de la Prefectura más la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así no vamos a avanzar; no voy a aceptar ni chantajes ni prebendas”, advirtió.
OTROS FRENTES
En el frente de Convergencia Nacional se especula que tendrán candidatos propios y manejan las opciones de Germán Antelo y Carlos Pablo Klinsky. El senador electo Antelo concentra su fuerza organizando la bancada opositora para la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional y Klinsky recibe las primeras adhesiones apuntando a los comicios de abril.
Además de Costas, hasta el momento han confirmado su postulación a la Prefectura los ex policías Freddy Soruco y Wilfredo Torrico, los parlamentarios Jorge Aguilera y Alejandro Colanzi, el fiscal de Distrito Jaime Soliz y el abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda.
Soliz y Urenda entran por primera vez a una competencia electoral, pero los demás son “curtidos” en contiendas políticas, sin contar el candidato del MAS que será proclamado cuando retorne al país el jefe del partido oficialista, Evo Morales.
El empresario y ex presidente cívico Branko Marinkovic descartó ayer su candidatura para las elecciones prefecturales de abril y con ello puso fin a los rumores que se desataron en los últimos días en Santa Cruz. Entre tanto, el candidato de la agrupación Verdes, Rubén Costas, denunció que varios frentes políticos lo chantajean al ofrecerle apoyo a cambio de empleos en la Prefectura.
Ante la reversión de una propiedad agraria de Yasminka Marinkovic por parte del Gobierno, desde la oficina de apoyo logístico de Branko confirmaron ayer que el empresario está dedicado a tiempo completo a la defensa de su familia y que no piensa ser candidato a la Prefectura, a pesar del ofrecimiento de varios frentes políticos que no comulgan con Costas.
El Prefecto cruceño dijo ayer que le parecía bien que Branko Marinkovic presente su candidatura y sin precisar nombres denunció que varios emisarios lo abordaron para sumarse a su proyecto, pero a cambio piden espacios en el gobierno departamental.
“Uno pide varias secretarías, otro quiere ser vicegobernador y hay quienes piden el 30 por ciento de la Prefectura más la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así no vamos a avanzar; no voy a aceptar ni chantajes ni prebendas”, advirtió.
OTROS FRENTES
En el frente de Convergencia Nacional se especula que tendrán candidatos propios y manejan las opciones de Germán Antelo y Carlos Pablo Klinsky. El senador electo Antelo concentra su fuerza organizando la bancada opositora para la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional y Klinsky recibe las primeras adhesiones apuntando a los comicios de abril.
Además de Costas, hasta el momento han confirmado su postulación a la Prefectura los ex policías Freddy Soruco y Wilfredo Torrico, los parlamentarios Jorge Aguilera y Alejandro Colanzi, el fiscal de Distrito Jaime Soliz y el abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda.
Soliz y Urenda entran por primera vez a una competencia electoral, pero los demás son “curtidos” en contiendas políticas, sin contar el candidato del MAS que será proclamado cuando retorne al país el jefe del partido oficialista, Evo Morales.
La Csutcb definirá candidatos en cita en Cochabamba
La Paz/ABI
El secretario Ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Avalos, informó que el próximo lunes se realizará un ampliado de emergencia en la ciudad de Cochabamba para definir a los candidatos hacia las elecciones prefecturales y municipales del 4 de abril.
"El 21 de diciembre estoy convocando a un ampliado de emergencia de dirigentes para delinear la elección municipal y prefectural en todo el país. La elección de los candidatos se caracterizará por la equidad de género, como se ha elegido para senadores y diputados. Será de la misma manera porque tenemos que aplicar la nueva Constitución, sino serviría de nada", explicó a los periodistas.
Reveló que en la lista de los precandidatos están registradas "bastantes mujeres, quechuas y aymaras", como representantes de los pueblos indígenas originario campesinos.
"Además estamos considerando a los representantes de los movimientos sociales, los indígenas, las bartolinas, los colonizadores y gremiales, entre otros, para llevar una buena candidatura al presidente Evo Morales y tener verdaderos representantes de todos los municipios", enfatizó.
El secretario Ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Avalos, informó que el próximo lunes se realizará un ampliado de emergencia en la ciudad de Cochabamba para definir a los candidatos hacia las elecciones prefecturales y municipales del 4 de abril.
"El 21 de diciembre estoy convocando a un ampliado de emergencia de dirigentes para delinear la elección municipal y prefectural en todo el país. La elección de los candidatos se caracterizará por la equidad de género, como se ha elegido para senadores y diputados. Será de la misma manera porque tenemos que aplicar la nueva Constitución, sino serviría de nada", explicó a los periodistas.
Reveló que en la lista de los precandidatos están registradas "bastantes mujeres, quechuas y aymaras", como representantes de los pueblos indígenas originario campesinos.
"Además estamos considerando a los representantes de los movimientos sociales, los indígenas, las bartolinas, los colonizadores y gremiales, entre otros, para llevar una buena candidatura al presidente Evo Morales y tener verdaderos representantes de todos los municipios", enfatizó.
Gobierno no acepta condiciones para modificar la Ley Electoral
El Poder Ejecutivo confirma la cita de mañana con los nueve prefectos
Los Tiempos y Agencias
El Gobierno ratificó para este viernes la cumbre política con todos los prefectos y otros sectores para consensuar los ajustes a la Ley de Régimen Transitorio Electoral para la realización de las elecciones regionales de abril de 2010. Pero dejó en claro que no acepta los condicionamientos impuestos por los prefectos opositores para asistir a esta reunión.
El viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, en declaraciones a la prensa, aseguró que las invitaciones para este encuentro fueron enviadas ayer a todas las autoridades con una agenda única: la elaboración de una propuesta de norma, ante los vacíos de la Ley Electoral Transitoria, para regular las elecciones de abril del próximo años en las regiones que optaron por la autonomía en los comicios del 6 de diciembre pasado.
Además de los nueve prefectos del país, están invitados a la reunión miembros de la Asociación Nacional de Consejeros Departamentales de Bolivia, de la Federación de Asociaciones Municipales y organizaciones municipales y nacionales indígenas y campesinas.
SIN CONDICIONES
Ávalos remarcó que no se aceptarán los condicionamientos anunciados por algunos prefectos opositores de que el proceso electoral de abril se realice, como es la pretensión de Tarija, en función a sus estatutos y ley electoral departamental elaborada por la Prefectura. “Eso está descartado, sería ilegal”, aseveró la autoridad gubernamental.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, condicionó ayer su participación en el debate nacional propuesto por el Gobierno, a la asistencia en bloque con sus colegas de Beni, Tarija y Chuquisaca y a que se respeten los estatutos autonómicos aprobados en estos departamentos, “porque no contemplan vacíos", agregó Costas, según la agencia ABI.
"Con Ernesto (Suárez, de Beni), con Mario (Cossío, de Tarija), con Savina (Cuéllar, de Chuquisaca) y en bloque, como siempre lo hemos hecho, vamos a tomar una posición para asistir o no asistir a esa reunión", dijo Costas, aunque no precisó cuándo se reunirán.
La agenda propuesta
El Ministerio de Autonomía planteará 19 puntos de debate sobre la Ley Electoral Transitoria en la reunión convocada para mañana por el vicepresidente Álvaro García Linera a los prefectos y autoridades regionales, de cara a las elecciones del próximo 4 de abril.
La información fue proporcionada por el titular de ese despacho, Carlos Romero, quien confirmó la reunión en salones de la Vicepresidencia, en la Sede de Gobierno.
"La agenda será abierta donde se tratarán todos los temas inherentes al régimen electoral exclusivamente. Nuestro Ministerio ya ha identificado 19 puntos que tienen que ser debatidos con las organizaciones y autoridades invitadas. Se entiende que los prefectos también tienen algunos puntos específicos que tratar", afirmó.
Explicó que entre los temas relevantes que se pondrá en la mesa de diálogo, está la definición de la estructura de los gobiernos autónomos para los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca una vez que se pronunciaron a favor de las autonomías en el referendo del pasado 6 de diciembre.
A su juicio, otro punto a resolver es el mecanismo de asignación de asambleístas por población en los casos de Tarija y Santa Cruz, además de la cuota indígena que debería haber en las asambleas legislativas departamentales y en los concejos municipales. "También tenemos que resolver si la lista de gobernador y asambleístas legislativos es única o son listas separadas. Tenemos que resolver el porcentaje de elección de los alcaldes, y la estructura de los autogobiernos de las 11 autonomías indígenas que han accedido a este régimen”, dijo.
Los Tiempos y Agencias
El Gobierno ratificó para este viernes la cumbre política con todos los prefectos y otros sectores para consensuar los ajustes a la Ley de Régimen Transitorio Electoral para la realización de las elecciones regionales de abril de 2010. Pero dejó en claro que no acepta los condicionamientos impuestos por los prefectos opositores para asistir a esta reunión.
El viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, en declaraciones a la prensa, aseguró que las invitaciones para este encuentro fueron enviadas ayer a todas las autoridades con una agenda única: la elaboración de una propuesta de norma, ante los vacíos de la Ley Electoral Transitoria, para regular las elecciones de abril del próximo años en las regiones que optaron por la autonomía en los comicios del 6 de diciembre pasado.
Además de los nueve prefectos del país, están invitados a la reunión miembros de la Asociación Nacional de Consejeros Departamentales de Bolivia, de la Federación de Asociaciones Municipales y organizaciones municipales y nacionales indígenas y campesinas.
SIN CONDICIONES
Ávalos remarcó que no se aceptarán los condicionamientos anunciados por algunos prefectos opositores de que el proceso electoral de abril se realice, como es la pretensión de Tarija, en función a sus estatutos y ley electoral departamental elaborada por la Prefectura. “Eso está descartado, sería ilegal”, aseveró la autoridad gubernamental.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, condicionó ayer su participación en el debate nacional propuesto por el Gobierno, a la asistencia en bloque con sus colegas de Beni, Tarija y Chuquisaca y a que se respeten los estatutos autonómicos aprobados en estos departamentos, “porque no contemplan vacíos", agregó Costas, según la agencia ABI.
"Con Ernesto (Suárez, de Beni), con Mario (Cossío, de Tarija), con Savina (Cuéllar, de Chuquisaca) y en bloque, como siempre lo hemos hecho, vamos a tomar una posición para asistir o no asistir a esa reunión", dijo Costas, aunque no precisó cuándo se reunirán.
La agenda propuesta
El Ministerio de Autonomía planteará 19 puntos de debate sobre la Ley Electoral Transitoria en la reunión convocada para mañana por el vicepresidente Álvaro García Linera a los prefectos y autoridades regionales, de cara a las elecciones del próximo 4 de abril.
La información fue proporcionada por el titular de ese despacho, Carlos Romero, quien confirmó la reunión en salones de la Vicepresidencia, en la Sede de Gobierno.
"La agenda será abierta donde se tratarán todos los temas inherentes al régimen electoral exclusivamente. Nuestro Ministerio ya ha identificado 19 puntos que tienen que ser debatidos con las organizaciones y autoridades invitadas. Se entiende que los prefectos también tienen algunos puntos específicos que tratar", afirmó.
Explicó que entre los temas relevantes que se pondrá en la mesa de diálogo, está la definición de la estructura de los gobiernos autónomos para los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca una vez que se pronunciaron a favor de las autonomías en el referendo del pasado 6 de diciembre.
A su juicio, otro punto a resolver es el mecanismo de asignación de asambleístas por población en los casos de Tarija y Santa Cruz, además de la cuota indígena que debería haber en las asambleas legislativas departamentales y en los concejos municipales. "También tenemos que resolver si la lista de gobernador y asambleístas legislativos es única o son listas separadas. Tenemos que resolver el porcentaje de elección de los alcaldes, y la estructura de los autogobiernos de las 11 autonomías indígenas que han accedido a este régimen”, dijo.
Dejan libre a Dante Escobar
La Paz/ANF
El ex gerente de los desaparecidos Fondos de Retiro del Empleado Público (FREP) y el Fondo Complementario de la Administración Pública (FOCCSAP), Dante Escobar, logró la libertad simple y pura gracias a la resolución del juez Norberto Chávez, según denunció el abogado de las víctimas de lo que llegó a denominarse la estafa del siglo pasado, con más de $us 20 millones de los aportantes al desaparecido sistema de Seguridad Social.
Escóbar es imputado por el desfalco de $us 21 millones estos fondos del viejo sistema de reparto y la reciente apropiación indebida de $us 350.000 que logró liberar una cuenta congelada en el Banco de Crédito usando documentación fraguada.
El abogado de las más de 13 mil víctimas, Waldo Molina, aseguró que a partir de la orden de libertad emitida por el juez, Escobar saldrá de la cárcel corriendo el riesgo de una fuga como lo hizo hace diez años atrás cuando fue acusado de otro proceso y huyó a Argentina donde fue capturado y extraditado a Bolivia.
"Cuando salga Dante Escobar es poco probable que se devuelva a las víctimas sus aportes porque él no devolverá lo que sacó del banco", aseguró Molina.
Escobar logró su libertad provisional hace dos años con el mismo juez y lo que hizo, según el abogado de las víctimas, fue descongelar un Depósito a Plazo Fijo del Banco de Crédito para llevarse más dinero que debía ser empelado para devolver los aportes a las víctimas.
El juez Chávez le dio la libertad a Escobar sin medidas sustitutivas a la detención preventiva ya que no existe arraigo contra Escobar ni la presentación de Testigos o una fianza monetaria para que en caso de escapar se use el dinero para buscarlo, una acción de libertad considerada un prevaricato de parta del juez y que en otras cuatro oportunidades otros jueces no le dieron la razón.
El ex gerente de los desaparecidos Fondos de Retiro del Empleado Público (FREP) y el Fondo Complementario de la Administración Pública (FOCCSAP), Dante Escobar, logró la libertad simple y pura gracias a la resolución del juez Norberto Chávez, según denunció el abogado de las víctimas de lo que llegó a denominarse la estafa del siglo pasado, con más de $us 20 millones de los aportantes al desaparecido sistema de Seguridad Social.
Escóbar es imputado por el desfalco de $us 21 millones estos fondos del viejo sistema de reparto y la reciente apropiación indebida de $us 350.000 que logró liberar una cuenta congelada en el Banco de Crédito usando documentación fraguada.
El abogado de las más de 13 mil víctimas, Waldo Molina, aseguró que a partir de la orden de libertad emitida por el juez, Escobar saldrá de la cárcel corriendo el riesgo de una fuga como lo hizo hace diez años atrás cuando fue acusado de otro proceso y huyó a Argentina donde fue capturado y extraditado a Bolivia.
"Cuando salga Dante Escobar es poco probable que se devuelva a las víctimas sus aportes porque él no devolverá lo que sacó del banco", aseguró Molina.
Escobar logró su libertad provisional hace dos años con el mismo juez y lo que hizo, según el abogado de las víctimas, fue descongelar un Depósito a Plazo Fijo del Banco de Crédito para llevarse más dinero que debía ser empelado para devolver los aportes a las víctimas.
El juez Chávez le dio la libertad a Escobar sin medidas sustitutivas a la detención preventiva ya que no existe arraigo contra Escobar ni la presentación de Testigos o una fianza monetaria para que en caso de escapar se use el dinero para buscarlo, una acción de libertad considerada un prevaricato de parta del juez y que en otras cuatro oportunidades otros jueces no le dieron la razón.
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